Preguntas y Respuestas Frecuentes (FAQ)

Sí, pero es necesario justificarlo y acreditar que se ha realizado como máximo seis meses antes de la presentación de la solicitud de patente

Reconocer y proteger los derechos de propiedad industrial e intelectual materializado en o representado por objetos tridimensionales resulta esencial desde un punto de vista comercial. El diseño es, a menudo, el motivo que guía a los consumidores a optar por uno u otro producto de similares características. Al proteger un diseño industrial mediante su registro en una oficina de propiedad industrial, el titular obtiene los derechos exclusivos de impedir su reproducción o imitación no autorizada por parte de terceros

La Ley de Marcas admite el registro de marcas tridimensionales siempre que tengan capacidad para distinguir los productos y servicios de un empresario de sus competidores. El derecho de marcas y el derecho de diseños industriales han sido concebidos con el fin de cumplir objetivos legales relacionados pero distintos, y por tanto son diferentes entre sí por lo que respecta a los requisitos de protección, a sus limitaciones, alcance de protección y en otros aspectos. Las fronteras de división entre una y otra modalidad son en ocasiones difusas. En estos casos, a la hora de optar por una u otra modalidad es preciso preguntarse cuál es el objetivo perseguido por el registro. Las marcas confieren una exclusividad sobre una forma tridimensional a quienes los consumidores atribuirán un origen empresarial determinado. Las marcas contribuyen a proteger al público consumidor contra el riesgo de confusión sobre la procedencia del producto, mientras que los diseños industriales protegen el derecho exclusivo del titular a fabricar el producto, con independencia del hecho que el público identifique o no esa forma con un origen empresarial determinado.

Ambas sirven para dar fecha cierta de una presunción de autoría sobre una obra. Ni el depósito ni el registro aseguran que el creador sea tal ni pone a cubierto de posibles reclamaciones. Sin embargo son el método más infalible para determinar que en una determinada fecha, quien inscribe asegura ser el creador o el poseedor de los derechos de explotación inherentes a la obra inscrita. En el caso del depósito notarial, lo inscrito no se hace público. En el caso de la inscripción en el Registro, todos pueden tener acceso a lo que consta en los archivos administrativos. Por otro lado, la inscripción ante el Registro de la Propiedad Intelectual es sensiblemente más económica que el depósito notarial.

Las ideas y conocimientos carecen de protección jurídica, al menos a través del derecho de autor. Tales ideas han de estar expresadas o manifestadas en un soporte o formato perceptible, generalmente, por la vista o el oído. En las creaciones científicas, por ejemplo, sólo puede protegerse por los derechos de autor la forma de exposición de la idea desarrollada siempre y cuando ésta sea considerada original.

El autor adquiere derechos sobre sus obras por el mero hecho de su creación. Éstos se dividen en derechos morales (autoría, paternidad) y en derechos de contenido económico (derechos de explotación de la obra). Los primeros son irrenunciables e inalienables y los segundos no: pueden cederse a un tercero por todos los medios reconocidos en Derecho

Teóricamente no. Sin embargo es necesario, en la práctica y en la mayoría de los casos, otorgar prueba de dicha autoría ya sea a través de un depósito notarial o de una inscripción.

Los programas de ordenador no son patentables en sí mismos, al menos en nuestro país. Para que puedan acceder a la protección conferida por una patente de invención deben estar implementados en un objeto patentable y ser parte del mismo.

Los mismos que cualquier autor: derechos morales y derechos de contenido económico o patrimonial. Éstos últimos pueden cederse en los casos, por ejemplo, de un encargo realizado por un tercero.

No es necesario, pero es ciertamente conveniente para poder demostrar la autoría cuando así se requiera.

En primer lugar, y aunque se trate del autor, si éste se encuentra autorizado a cederla. En muchos casos, ésta ya ha sido cedida, automáticamente en los trabajadores asalariados bajo ciertas condiciones o de forma posterior, cuando la obra ha sido creada por encargo o se ha cedido a otra persona de forma autónoma. Otra circunstancia fundamental son las características de la obra: no es lo mismo ceder un cuadro que un relato corto, o un programa de ordenador o un fonograma. También ha de tenerse presente que los derechos morales subsisten no obstante la cesión de la obra y pueden exigirse con plena legitimidad. Otro de los aspectos importantes es la constancia escrita de la cesión. En cualquier caso, lo mejor es siempre contactar con un profesional que asesore sobre la cesión de derechos.

Sólo los derechos de contenido patrimonial o de explotación y, en particular, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación.

Existen obras colectivas y obras en colaboración. Las primeras son creadas por la iniciativa y bajo la coordinación de una persona natural o jurídica que la edita y la publica bajo su nombre y está constituida por la reunión de aportaciones de diferentes autores cuya contribución personal se funde en una creación única y autónoma, para la cual ha sido concebida sin que sea posible atribuir separadamente a cualquiera de ellos un derecho sobre el conjunto de la obra realizada. Por ejemplo, la elaboración de un mapa geográfico y político en cuyo proceso han colaborado varias personas. Las obras en colaboración son el resultado unitario de la concurrencia de varios autores y sus correspondientes aportaciones. Los derechos derivados de la obra corresponden a todos ellos, que son considerados coautores. Un ejemplo: dos personas escriben conjuntamente un libro.

Existen unas tasas oficiales que aproximadamente alcanzan los 50 ?. Nuestro asesoramiento en la idoneidad de dicha medida o en otras alternativas, y en la gestión de dicho registro asciende a 250€.

Depende de la categoría de la obra y, en su caso, de su extensión.

Las muescas notariales son comúnmente utilizadas en el caso de los programas de ordenador cuando éstos se depositan ante Notario. Consisten en señas inocuas y superfluas incorporadas al código fuente y que sirven para identificar copias no autorizadas del mismo.

Ponerse en contacto con nosotros. Examinaremos el caso y le ofreceremos las distintas medidas que puede Ud. ejecutar para salvaguardar sus derechos.

Hay que examinar lo pactado en el contrato. Pero en fin, al margen de los casos en los que es difícil conocer si los derechos de explotación de una obra pertenecen o no al empresario, que son muchos, lo cierto es que, bajo ciertas premisas, el trabajador asalariado que realiza una obra dentro de las funciones que le han sido asignadas por la empresa o siguiendo instrucciones dentro de dichas funciones, cede automáticamente dichos derechos de explotación si no se ha pactado en contrario. Sin embargo, conservará siempre, y también sus sucesores, los derechos morales sobre la misma. En cualquier caso, es muy conveniente el asesoramiento de un profesional para la correcta interpretación de los hechos y, con ellos, la correcta distribución de los derechos sobre la obra porque incluso el tipo de la misma (si es, por ejemplo, un programa de ordenador), puede hacer variar la ley aplicable.

Estos son casos que se dan de forma típica. La solución a los mismos dependen de las concretas circunstancias de cada uno de los casos. Sin embargo, y en principio, los derechos sobre la obra creada por el trabajador asalariado fuera de las funciones para las que fue encomendado o sin seguir instrucciones expresas de un superior dentro de dichas funciones pertenecen al autor material de la misma. En cualquier caso, es muy conveniente el asesoramiento de un profesional para la correcta interpretación de los hechos y, con ellos, la correcta distribución de los derechos sobre la obra porque incluso el tipo de la misma (si es, por ejemplo, un programa de ordenador), puede variar la ley aplicable.

En cualquier caso los derechos morales, como por ejemplo, el reconocimiento de la condición del autor. Los derechos de explotación, los de contenido económico, se cederán de acuerdo a lo pactado y a la finalidad de la obra. Nótese que éstos últimos deben cederse de forma expresa porque no se presume su cesión.

La transmisión al empresario de los derechos de explotación de la obra creada en virtud de una relación laboral se rige por lo pactado en el contrato, debiendo éste realizarse por escrito. A falta de pacto escrito, se presume que los derechos de explotación han sido cedidos en exclusiva y con el alcance necesario para el ejercicio de la actividad habitual del empresario en el momento de la entrega de la obra realizada en virtud de dicha relación laboral. En ningún caso podrá el empresario utilizar la obra o disponer de ella para un sentido o fines diferentes de los que se derivan de lo establecido en los dos apartados anteriores.

En general, los derechos de explotación de la obra duran toda la vida del autor y setenta años después de su muerte y declaración de fallecimiento. Sin embargo, el cómputo variará de las circunstancias de la creación de la obra, de la obra misma, o de su divulgación.

Se valora, en este caso, la forma de la exposición. Si cumple con el requisito de la novedad objetiva ?originalidad-, estará protegida en cuanto a su particular expresión de los hechos o ideas.

Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables constituye un dato de carácter personal. La LOPD es aplicable a los datos de carácter personal registrados en soporte físico, que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado. Se excluyen del ámbito de aplicación de la LOPD los ficheros mantenidos por personas físicas en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas.

La LOPD establece una serie de obligaciones y garantías en relación con la recogida y posterior tratamiento de datos que varían en función de tres niveles de seguridad dependiendo de la naturaleza y contenido de los datos: Nivel básico: para todos los ficheros que contengan datos de carácter personal. Nivel medio: para los ficheros con datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas, Hacienda pública, servicios financieros, y a los que se refieran a solvencia patrimonial o crédito, como a los que permitan obtener una evaluación de la personalidad del individuo. Nivel alto: para los ficheros que contengan datos de ideología, religión, creencias, origen racial, salud o vida sexual.

La inadecuación a la LOPD puede conllevar sanciones administrativas. El importe de las sanciones varía en función de la gravedad de la infracción. Así, las infracciones leves podrán ser sancionadas con multas desde 600,01 a 60.001,01 euros, las infracciones graves podrán ser sancionadas con multas desde 60.001,02 a 300.000,00 euros; y las infracciones muy graves podrán ser sancionadas con multas desde 300.000,01 a 601.012,10 euros.

Según un estudio independiente, cada año se pierden más de 17 000 puestos de trabajo legítimos debido a la piratería y la usurpación de marca en la UE. La situación, especialmente en los sectores de la cultura (música, películas, vídeos, CD, DVD) y del software, se ha visto agravada por la facilidad de acceso al mercado mundial a través de Internet. También está demostrado que el fenómeno de la usurpación de marca y la piratería está cada vez más ligado a la delincuencia organizada y las actividades terroristas debido a sus elevados beneficios y, hasta el momento, los riesgos relativamente reducidos de descubrimiento y sanción.

Las acciones civiles derivadas de la violación de los derechos prescriben a los cinco años desde que pudieron ejercitarse. El cómputo del plazo cuenta desde que los actos de violación fueron públicos y cognoscibles por el titular del derecho.

El Código Penal exige para considerarla delito que la reproducción, comunicación pública y/o distribución de una obra protegida, sin autorización del autor, se realice con ánimo de lucro. El Tribunal Supremo en reiterada jurisprudencia define ánimo de lucro como "cualquier ventaja, utilidad, beneficio o rendimiento que se proponga obtener el sujeto activo, de los bienes cuya apropiación pretende, incluso los meramente contemplativos o de ulterior beneficencia, no importando ni el modo de materialización de su propósito lucrativo ni si llegó o no a obtenerlo efectivamente…"