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LEGISLACIÓN: PATENTE COMUNITARIA

El parlamento aprueba la patente única comunitaria (Diciembre 2012)

Los inventores europeos por fin van a poder conseguir, dentro de poco tiempo, una patente única. Tras 30 años de conversaciones, una nueva normativa va a reducir el costo de la patente europea en hasta un 80%, siendo así más competitivos, junto a EEUU y Japón. El Parlamento ha recortado los gastos cara a las empresas pequeñas y adaptado la norma a sus necesidades. Estas son sus características más relevantes:

Protección más barata y efectiva

La nueva patente protegerá mejor las invenciones de individuos y empresas qué el sistema actual. El nuevo régimen proporcionará, de forma automática, una protección única de patente en los 25 estados miembros qué participan, recortando costos para las empresas europeas y, por tanto, dando un tremendo empujón a su competitividad. Cuando el nuevo sistema esté en marcha, una patente europea podrá costar alrededor de los €4,725, cuando en la actualidad cuesta unos €36,000, según estimaciones de la Comisión Europea.

¿Cómo solicitar esta nueva patente?

Cualquier inventor podrá solicitar a la Organización de Patentes Europeas (European Patent Organisation - EPO ) , una organización no comunitaria, la patente única, válida en los 25 miembros adheridos. Las patentes estarán disponibles en Inglés, Francés y Alemán, Las solicitudes tendrán que presentarse en estos idiomas.

Cómo ha ayudado el parlamento a reducir los costos

El parlamento aseguró que los costos de traducción serán reembolsados totalmente a las empresas pequeñas y medianas, organizaciones no gubernamentales, universidades y organizaciones de investigación públicas, con sede en la EU.

También aseguró que las tasas de renovación, que representan una gran proporción de los costos totales, se fijarán en un nivel que tenga en cuenta las necesidades específicas de las empresas pequeñas, para que se puedan beneficiar totalmente de las reducciones acordadas.

Entrada en vigor

El acuerdo internacional de creación de un tribunal de patentes unificado entrará en vigor el 1 de enero de 2014, o después de que 13 de los estados lo ratifiquen, siempre qué Reino Unido, Francia y Alemania estén entre ellos. Los otros dos actos se aplicarán a partir del 1 de enero de 2014, o desde la fecha en la que el acuerdo internacional entre en vigor, lo que suceda después. España e Italia han quedado fuera del nuevo régimen, pero pueden decidir unirse en cualquier momento.

LEGISLACIÓN

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la "Propuesta de Reglamento del Parlamento europeo y del Consejo sobre la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados (Diario Oficial de la Unión Europea C 43, de 15.02.2012.Pag. 67)

La Comisión Europea ha propuesto actualizar las normas aplicables a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas (I.G.P.) de los productos vitivinícolas aromatizados, una de las categorías que más auge tiene entre los consumidores jóvenes de nuestro país. 

Para ello simplifica, actualiza y reemplaza la reglamentación comunitaria específica anterior, constituída por los Reglamentos nº 1601/1991 del Consejo y nº 122/94 de la Comisión.

Este Reglamento resulta aplicable a todos los productos vitivinícolas aromatizados comercializados en el mercado comunitario, hayan sido producidos en los Estados miembros o en terceros países.

En algunos productos de la categoría de bebidas aromatizadas a base de vino, la propuesta de reglamento plantea rebajar sustancialmente el nivel> mínimo exigido de grado alcohólico para atender una creciente demanda de> los consumidores en productos con menor graduación y, en vista, de los progresos técnicos que permiten ofrecer la calidad que antes solo podía garantizarse con niveles mínimos de alcohol más altos.

Igualmente, dicha proyecto reglamentario establece una serie de medidas específicas sobre la designación y presentación de tales productos, que complementan la legislación horizontal de la Unión Europea, en materia de etiquetado de alimentos, con el fin de evitar que otros productos que no se ajusten a los requisitos establecidos en el citado Reglamento utilicen de forma errónea las denominaciones de venta de los productos vitivinícolas aromatizados.

Asimismo, la propuesta reglamentaria establece que los productos vitivinícolas aromatizados deben elaborarse con arreglo a reglas de elaboración que garantizan y satisfagan las expectativas de los consumidores en cuanto a calidad y métodos de producción.

A fin de cumplir las normas internacionales en este ámbito, en línea con lo establecido para los productos vitivinícolas, estas reglas deberán estar basadas, como norma general, en las recomendaciones publicadas por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV).

El proyecto contempla igualmente normas específicas en materia de protección de las IGs de estos productos, que no están cubiertos por el ámbito de aplicación de los reglamentos comunitarios sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y otros, y plantea establecer un procedimiento comunitario de registro, conformidad, modificación y posible cancelación de las IGs de terceros países y de la Unión Europea, en línea con el régimen previsto para los productos del sector vitivinícola.

JURISPRUDENCIA: DENOMINACIÓN SOCIAL / MARCAS

Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo (Sección 1ª) de 6 de marzo de 2012, recurso 360/2009 (sentencia nº 1307/2012)

En un conflicto sobre Marca y Nombre Comercial de la demandante frente a denominación social de la demandada el TS examina el contenido de la limitación al derecho de marca establecida en el artículo 37 a) de la Ley de Marcas y para ello sigue la interpretación que la Sentencia del TJUE de 16.11.2004 (C-245/2002) hace del artículo 6, apartado 1, letra a) de la Directiva 89/104, en virtud del cual un tercero puede invocar que se le permita utilizar un signo idéntico o similar a una marca para indicar su nombre comercial siempre que el uso se realice con arreglo a las prácticas leales en materia industrial o comercial.  

El TS considera que no hay impedimento para aplicar al caso en beneficio de la demandada dicho límite del artículo 37.a) de la Ley de Marcas, que ésta había invocado ya que el Tribunal de apelación ya había declarado que el uso de dicho nombre comercial por la demandada había sido realizado conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial, porque: por un lado, la demandada no usaba su denominación como marca o nombre comercial, y por otro, ésta se constituyó con su actual denominación después de haberlo hecho la sociedad demandante, pero antes de que la misma registrase su marca y nombre comercial, por lo que no cabe ninguna mala fe.

JURISPRUDENCIA: NOMBRE COMERCIAL EXTRANJERO

Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo (Sección 1ª) de 13 de abril de 2012, recurso 1068/2009 (sentencia nº 2743/2012).

EL TS desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia que confirmando la de instancia rechazó la pretensión de la sociedad italiana, que en su condición de titular del nombre comercial " Kemika ", no registrado ni solicitado su registro en España, instó - a tenor del art. 8 Convenio de la Unión de París 1883- la condena de la demandada a eliminar la palabra " Kemika " de su denominación social, en aras a evitar riesgo de confusión por la coexistencia de ambos signos. 

La Sala desestima el recurso pero atendiendo a diversas razones de las esgrimidas por la Audiencia, en tanto que hay que entender que art. 9, ap 1, letra d), regulador de " otros derechos anteriores " para completar el régimen de las prohibiciones relativas de registro que regula el ap 1 del art. 6 de la misma Ley, no es aplicable al conflicto de intereses surgido entre las dos sociedades litigantes. Por el contrario la Sala señala la evolución de la jurisprudencia -doctrina unionista- en relación con el art. 8 del citado Convenio 1883 que manda proteger, en todos los países de la Unión de París, el nombre comercial, sin necesidad de depósito o de registro. Es así que, a juicio de la Sala, el legislador español, cuando ha querido atribuir consecuencias jurídicas al nombre comercial no registrado lo ha dispuesto expresamente - art. 9, ap 1, letra d, de la Ley 17/2001 - , por lo que hay que señalar que la protección que brinda el art. 8 del Convenio 1883, sin determinar su contenido, se obtiene en nuestro vigente sistema - tratándose de nombres comerciales no registrados- en el ámbito tabular ex art. 52, ap 1, en relación con el 9, ap 1, letra d) Ley 17/2001, de 7 de diciembre , o bien por medio de las acciones que reconoce la Ley 3/1991 de competencia desleal, para la protección del correcto funcionamiento del mercado.

JURISPRUDENCIA: PATENTES

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm. 39/2012, de 10 febrero 2012 (RJ 2012\3908)

La Sala entiende que la nueva redacción por Ley 29/2006 del párrafo letra b) del apartado 1 del art. 52 de la Ley de Patentes "Los derechos conferidos por la patente no se extienden... b) A los actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de la invención patentada, en particular los estudios y ensayos realizados para la actualización de medicamentos genéricos, en España o fuera de España, y los consiguientes requisitos prácticos, incluidos la preparación, obtención y utilización del principio activo para estos fines", supone una nueva excepción al "ius prohibendi" del art. 50 de la propia Ley (tesis de la recurrente) y que no se trataba de una adición meramente declaratoria o interpretativa de la ya existente. 

El problema litigioso en casación quedaba circunscrito a determinar, si la nueva redacción por Ley 29/2006 del párrafo letra b) del apartado 1 del art. 52 de la Ley de Patentes supuso la introducción de una nueva excepción al"ius prohibendi" del art. 50 de la propia Ley (tesis de la parte recurrente), o se trata de una adición meramente aclaratoria o interpretativa de la excepción ya existente (tesis de la parte recurrida, y que es la que mantiene la Sentencia de la Audiencia Provincial. El precepto objeto de debate decía en su redacción anterior a la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso nacional de los medicamentos y productos sanitarios que "Los derechos conferidos por la patente no se extienden... b) A los actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de la invención patentada". La Disposición final segunda de dicha Ley añadió al párrafo expresado el inciso que dice: "en particular los estudios y ensayos realizados para la actualización de medicamentos genéricos, en España o fuera de España, y los consiguientes requisitos prácticos, incluidos la preparación, obtención y utilización del principio activo para estos fines". Obviamente el nuevo párrafo adicionado excluye del "ius prohibendi" que asiste al titular de la patente los actos destinados a la obtención de una autorización de comercialización de un medicamento genérico. Empero el problema radica si la permisión se extiende a los actos anteriores a la vigencia de la Ley 29/2006o solo es aplicable a partir de su entrada en vigor. El tema suscitó una viva polémica, especialmente por el término "en particular" del precepto añadido y la alusión al carácter aclaratorio de la Reforma en la Exposición de Motivos de la Ley 29 de 2006, de 26 de julio. Entiende la Sala, recordando la doctrina que la misma ha seguido en relación con la cuestión litigiosa que, en contra de lo dispuesto en la sentencia recurrida -que no se funda en la infracción de las patentes de la actora como consecuencia del acto de ofrecimiento, sino en la supuesta y ahora rechazada conducta de competencia desleal en relación con las solicitudes de autorización de "comercialización de EFG que incorporen sal de besilato de amlodipina" - el citado precepto sí supuso la introducción de una nueva excepción al "ius prohibendi" del art. 50 de la citada ley, rechazando la postura mantenida en esta sentencia recurrida de que se tratase de una mera adición aclaratoria o interpretativa de la excepción ya existente. Todo lo cual lleva, a juicio de la Sala, a entender que el caso de autos no constituye ninguna infracción legal que permita encajar esta conducta en el art. 15 LCD, motivo por el cual procede desestimar todas las acciones de competencia desleal ejercitadas, tanto declarativas y como de condena.

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